Juan Carlos Miranda
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 43
Si bien en México la educación continúa siendo un privilegio para la población de mayores ingresos, al país le bastarían 10 años de políticas públicas bien dirigidas para convertirse en una sociedad del conocimiento, entendida como aquella con capacidad para utilizar la ciencia en aras de su desarrollo, afirmó Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante su participación en la décima convención nacional de la Cámara Americana de Comercio en México, el también ex secretario de Salud explicó que lo anterior se traduciría en un país con mayor capacidad de innovación, más competitividad, una fuerza laboral de otra categoría y mejores posibilidades para todos.
A pesar del esfuerzo que se pueda haber hecho, la realidad es que la educación sigue siendo en nuestro país para los ricos. Esto es un problema grave, porque el fin último de la enseñanza es precisamente cerrar brechas. Un sistema educativo que no los está haciendo no está funcionando, enfatizó.
Explicó: Las puertas de entrada a la sociedad del conocimiento son la investigación en ciencia y tecnología y la innovación, que transforman el conocimiento en mejores bienes y servicios, muchos de los cuales son muy exitosos desde el punto de vista comercial y socialmente benéficos.
Comentó que la enseñanza superior juega un papel fundamental en dicho proceso, porque son las universidades las que fundamentalmente generan nuevos conocimientos.
El concepto de las instituciones más elitistas, más cerradas, ha evidenciado que no es el mejor para el tipo de desarrollo que queremos en los próximos años.
Señaló que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en años recientes las sociedades más avanzadas han mostrado un incremento importante en el porcentaje de la población con acceso a la educación superior.
Detalló que mientras en países como Corea, Canadá, Irlanda y España tres de cada cuatro jóvenes llegan a tener acceso a la universidad, en América Latina y el Caribe apenas es uno de cada cinco. En México, abundó, el porcentaje es de 27 por ciento.
Ha habido países que en los últimos 30 años se dedicaron a educar y han tenido grandes avances. Pero ha habido otros en los que el esfuerzo realizado en ese sentido ha sido modesto y no hemos avanzado, por lo menos no como podríamos haberlo llevado a cabo.
martes, 22 de marzo de 2011
Sin plan de jubilación, el sistema de investigadores
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2011, p. 41
De los escasos jóvenes que obtienen un doctorado, apenas una tercera parte ingresa al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras la planta de científicos se pinta de canas, sin que hasta el momento se tenga siquiera un plan global de jubilación decorosa para los investigadores, apuntó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El envejecimiento de la plantilla de investigadores, su bajo crecimiento ante los requerimientos del país y la poca oferta de plazas para desarrollarse como científico profesional, explican la ineficiencia del sistema educativo nacional, lo que empeora cada año, advirtió el presidente de la AMC, Arturo Menchaca Rocha.
Estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) señalan que la edad promedio de los investigadores del nivel 3 se incrementa cada año, al grado de que aumentó de 59 años en 2004 a 62 años en 2009.
Menchaca Rocha aseguró que en este fenómeno existen dos causas fundamentales: una, la carencia de un programa de jubilación decorosa para la plantilla de científicos, y dos la falta crónica de plazas para investigadores.
Esto, mientras la mayoría de jóvenes doctores no obtienen un trabajo en México que les permita continuar activos en el terreno de la investigación.
De los pocos que ingresan al SIN, una fracción no despreciable abandona el sistema en poco tiempo por falta de productividad, lo que significa que la larga cadena de producción de doctores es ampliamente superior a la oferta de plazas de investigador, agregó.
Dicha circunstancia no es desconocida para los propios estudiantes y genera en ellos una retroalimentación negativa que los desanima a optar por un doctorado.
El físico nuclear destacó que la jubilación liberaría plazas, mismas que serían ocupadas por jóvenes investigadores, aunque un país como México, que desea progresar, debe contratar más investigadores de los que jubila.
En el país se hacen bien las cosas, pero se produce poco, y en el terreno de la producción de científicos; hay buenos, pero insuficientes, añadió.
Lunes 14 de marzo de 2011, p. 41
De los escasos jóvenes que obtienen un doctorado, apenas una tercera parte ingresa al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras la planta de científicos se pinta de canas, sin que hasta el momento se tenga siquiera un plan global de jubilación decorosa para los investigadores, apuntó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El envejecimiento de la plantilla de investigadores, su bajo crecimiento ante los requerimientos del país y la poca oferta de plazas para desarrollarse como científico profesional, explican la ineficiencia del sistema educativo nacional, lo que empeora cada año, advirtió el presidente de la AMC, Arturo Menchaca Rocha.
Estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) señalan que la edad promedio de los investigadores del nivel 3 se incrementa cada año, al grado de que aumentó de 59 años en 2004 a 62 años en 2009.
Menchaca Rocha aseguró que en este fenómeno existen dos causas fundamentales: una, la carencia de un programa de jubilación decorosa para la plantilla de científicos, y dos la falta crónica de plazas para investigadores.
Esto, mientras la mayoría de jóvenes doctores no obtienen un trabajo en México que les permita continuar activos en el terreno de la investigación.
De los pocos que ingresan al SIN, una fracción no despreciable abandona el sistema en poco tiempo por falta de productividad, lo que significa que la larga cadena de producción de doctores es ampliamente superior a la oferta de plazas de investigador, agregó.
Dicha circunstancia no es desconocida para los propios estudiantes y genera en ellos una retroalimentación negativa que los desanima a optar por un doctorado.
El físico nuclear destacó que la jubilación liberaría plazas, mismas que serían ocupadas por jóvenes investigadores, aunque un país como México, que desea progresar, debe contratar más investigadores de los que jubila.
En el país se hacen bien las cosas, pero se produce poco, y en el terreno de la producción de científicos; hay buenos, pero insuficientes, añadió.
lunes, 21 de marzo de 2011
Siembra de maíz transgénico pone en riesgo seguridad alimentaria del país: científicos
La comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada el año pasado patrimonio inmaterial de la humanidad, recordó experto del INIFAP.Foto: Reuters
Angélica Enciso y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 40
En Tamaulipas, donde las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente autorizaron la primera prueba piloto de cultivo de maíz transgénico a Monsanto, se localiza 12 por ciento de las 59 razas nativas registradas en México, cuya contaminación por el flujo de genes de ese grano modificado no se descarta. Con esto no sólo se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, sino también su riqueza cultural, advirtieron integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
Los grandes productores del norte del país, agrupados en la Red de Asociaciones Agrícolas del Norte de México, expresaron molestia porque consideraron que el proceso para que en México se realice el cultivo de maíz transgénico es lento. Exigieron al gobierno federal que ponga fin a la lentitud, la burocracia, la mala fe y a las medidas que carecen de sentido común y autorice, lo antes posible, los permisos para realizar las pruebas piloto de siembra de maíz transgénico en extensiones reales de terreno en las que se pueda medir con exactitud los beneficios económicos de la biotecnología en el campo nacional, y así pasar a la fase de comercialización.
En conferencia de prensa la UCCS reveló que en los estados del norte del país, donde empresas trasnacionales como Monsanto pidieron permisos para realizar pruebas experimentales, existen entre siete y 16 razas criollas, según datos confirmados por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Antonio Serratos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó la experiencia del algodón transgénico, que comenzó a cultivarse en 1995 en Baja California en fase piloto en media hectárea, y hoy ocupa una extensión de 100 mil hectáreas todavía en fase de experimentación, lo cual en la práctica es una fase precomercial.
La bióloga Alma Pineyro explicó que la raza tuxpeño –una de las 16 que se encuentran en Tamaulipas– se cultiva cerca del predio en el que Monsanto pretende hacer la prueba piloto. Esa variedad, explicó, es fundamental para el desarrollo de híbridos y es una de las que generan mayor producción de maíz.
Antonio Turrent, experto del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), recordó que el año pasado la comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada patrimonio inmaterial de la humanidad, y advirtió que, con esta autorización el gobierno federal no sólo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino nuestra manera de vivir.
Por su parte, Serratos agregó que con este permiso se pone en riesgo la cuna de la diversidad de maíz, para beneficiar a unos cuantos productores que tienen superficies de 50 hectáreas en promedio.
Ignorancia y presión
También en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y otras agrupaciones dijeron que en la demora de la aprobación de los permisos ha incidido la ignorancia de ciertos funcionarios y la presión que ejercen grandes compañías productoras de agroquímicos, que perderían millones ante la siembra de semillas resistentes a plagas.
Jorge López Martínez, vicepresidente de asuntos hidráulicos del CNA, señaló que existe molestia entre los productores del norte del país por la siembra piloto autorizada en Tamaulipas, pues, además de darse a destiempo en relación con la siembra normal, por ser sólo un cuarto de hectárea, no permite valorar los beneficios de esta tecnología.
Mortimer Cabrera, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, aseveró que haber sembrado ese cuarto de hectárea es como querer probar un carro de carreras en tu cochera y dijo que al no dar luz verde a estas siembras, algunas secretarías están haciendo quedar mal la palabra del presidente Calderón, quien aseguró que se utilizarían estas tecnologías.
- Productores del norte demandan al gobierno federal agilizar permisos para estos cultivos
- Temen que prueba piloto de Monsanto contamine razas nativas del grano cultivadas muy cerca de ahí
- Debe realizarse en terrenos donde se puedan medir con exactitud sus beneficios económicos, señalan
Angélica Enciso y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 40
En Tamaulipas, donde las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente autorizaron la primera prueba piloto de cultivo de maíz transgénico a Monsanto, se localiza 12 por ciento de las 59 razas nativas registradas en México, cuya contaminación por el flujo de genes de ese grano modificado no se descarta. Con esto no sólo se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, sino también su riqueza cultural, advirtieron integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
Los grandes productores del norte del país, agrupados en la Red de Asociaciones Agrícolas del Norte de México, expresaron molestia porque consideraron que el proceso para que en México se realice el cultivo de maíz transgénico es lento. Exigieron al gobierno federal que ponga fin a la lentitud, la burocracia, la mala fe y a las medidas que carecen de sentido común y autorice, lo antes posible, los permisos para realizar las pruebas piloto de siembra de maíz transgénico en extensiones reales de terreno en las que se pueda medir con exactitud los beneficios económicos de la biotecnología en el campo nacional, y así pasar a la fase de comercialización.
En conferencia de prensa la UCCS reveló que en los estados del norte del país, donde empresas trasnacionales como Monsanto pidieron permisos para realizar pruebas experimentales, existen entre siete y 16 razas criollas, según datos confirmados por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Antonio Serratos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó la experiencia del algodón transgénico, que comenzó a cultivarse en 1995 en Baja California en fase piloto en media hectárea, y hoy ocupa una extensión de 100 mil hectáreas todavía en fase de experimentación, lo cual en la práctica es una fase precomercial.
La bióloga Alma Pineyro explicó que la raza tuxpeño –una de las 16 que se encuentran en Tamaulipas– se cultiva cerca del predio en el que Monsanto pretende hacer la prueba piloto. Esa variedad, explicó, es fundamental para el desarrollo de híbridos y es una de las que generan mayor producción de maíz.
Antonio Turrent, experto del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), recordó que el año pasado la comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada patrimonio inmaterial de la humanidad, y advirtió que, con esta autorización el gobierno federal no sólo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino nuestra manera de vivir.
Por su parte, Serratos agregó que con este permiso se pone en riesgo la cuna de la diversidad de maíz, para beneficiar a unos cuantos productores que tienen superficies de 50 hectáreas en promedio.
Ignorancia y presión
También en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y otras agrupaciones dijeron que en la demora de la aprobación de los permisos ha incidido la ignorancia de ciertos funcionarios y la presión que ejercen grandes compañías productoras de agroquímicos, que perderían millones ante la siembra de semillas resistentes a plagas.
Jorge López Martínez, vicepresidente de asuntos hidráulicos del CNA, señaló que existe molestia entre los productores del norte del país por la siembra piloto autorizada en Tamaulipas, pues, además de darse a destiempo en relación con la siembra normal, por ser sólo un cuarto de hectárea, no permite valorar los beneficios de esta tecnología.
Mortimer Cabrera, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, aseveró que haber sembrado ese cuarto de hectárea es como querer probar un carro de carreras en tu cochera y dijo que al no dar luz verde a estas siembras, algunas secretarías están haciendo quedar mal la palabra del presidente Calderón, quien aseguró que se utilizarían estas tecnologías.
domingo, 20 de marzo de 2011
Confían mexicanos en la suerte y la fe, pero tienen recelo de la ciencia: AMC
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 32
Programas de divulgación y difusión del conocimiento son herramientas indispensables para atacar la ignorancia generada por las fallas estructurales del sistema educativo mexicano, indicó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El organismo sostuvo que con éstas se puede combatir la inopia científica exhibida recientemente en la más reciente (2009) Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México –realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, que reflejó que casi 84 por ciento de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco o nada en la ciencia.
Los datos del estudio –dados a conocer a principios de este año– indicaron además que más de la mitad de los encuestados (57.5 por ciento) considera que, debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hacer peligrosos para el país.
Otros indicadores de la encuesta mostraron que muchos mexicanos confían en las limpias, creen en los números de la suerte y consideran que algunas personas tienen poderes síquicos.
Al respecto, miembros de la AMC han lamentado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos crean más en la suerte o la religión que en hechos científicos.
La AMC resaltó que desde hace más de 50 años toma acciones concretas para difundir el conocimiento. En un comunicado, el organismo informó que uno de esos programas es Domingos en la Ciencia, que desde hace 28 años tiene por objetivo difundir, de manera divertida y amena, temas científicos entre la niñez y la juventud de nuestro país.
En estas casi tres décadas, la AMC ha impartido más de 7 mil conferencias en 16 diferentes áreas. Todas ellas encaminadas a que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia relacionada con el desarrollo científico.
Se trata de uno de los programas pioneros de la AMC que actualmente se realiza en 29 sedes en la República, mediante la difusión de la cultura, sobre todo niños, quienes interactúan con investigadores que transmiten de manera divertida el conocimiento que requiere el país.
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 32
Programas de divulgación y difusión del conocimiento son herramientas indispensables para atacar la ignorancia generada por las fallas estructurales del sistema educativo mexicano, indicó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El organismo sostuvo que con éstas se puede combatir la inopia científica exhibida recientemente en la más reciente (2009) Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México –realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, que reflejó que casi 84 por ciento de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco o nada en la ciencia.
Los datos del estudio –dados a conocer a principios de este año– indicaron además que más de la mitad de los encuestados (57.5 por ciento) considera que, debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hacer peligrosos para el país.
Otros indicadores de la encuesta mostraron que muchos mexicanos confían en las limpias, creen en los números de la suerte y consideran que algunas personas tienen poderes síquicos.
Al respecto, miembros de la AMC han lamentado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos crean más en la suerte o la religión que en hechos científicos.
La AMC resaltó que desde hace más de 50 años toma acciones concretas para difundir el conocimiento. En un comunicado, el organismo informó que uno de esos programas es Domingos en la Ciencia, que desde hace 28 años tiene por objetivo difundir, de manera divertida y amena, temas científicos entre la niñez y la juventud de nuestro país.
En estas casi tres décadas, la AMC ha impartido más de 7 mil conferencias en 16 diferentes áreas. Todas ellas encaminadas a que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia relacionada con el desarrollo científico.
Se trata de uno de los programas pioneros de la AMC que actualmente se realiza en 29 sedes en la República, mediante la difusión de la cultura, sobre todo niños, quienes interactúan con investigadores que transmiten de manera divertida el conocimiento que requiere el país.
sábado, 19 de marzo de 2011
Aborto, problema de salud pública: ONG
- Es necesaria decisión política para resolverlo
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 34
El aborto debe considerarse un problema de salud pública, toda vez que es un problema prevenible, de equidad, y que por su dimensión impacta la salud de las mujeres, los costos, y a todo el sistema de salud, consideró Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, AC.
Cinthya Velasco, directora de Formación y Movilización de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, señaló que el aborto es un problema de salud pública debido a que su penalización orilla a las mujeres a practicarlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad.
La práctica del aborto por parte de personal con poco conocimiento técnico hace que un proceso sencillo, que es incluso ambulatorio, se convierta en un problema de muerte materna. Cuando el Estado garantice que los servicios de aborto sean seguros y permanentes, dejará de ser un problema de salud pública, afirmó.
Schiavon aseguró que no se podrá reducir la mortalidad materna, el embarazo no deseado ni el aborto incentivado mientras no haya inversión con decisión política clara en anticoncepción.
Proporcionar servicios de prevención y acceso a anticoncepción es responsabilidad del Estado, y no es éticamente justo que éste penalice a las mujeres jóvenes y ponga en riesgo su vida al practicarse un aborto en condiciones inseguras, cuando no le proporciona los medios para prevenir un embarazo, apuntó la especialista.
La ginecóloga detalló que el fenómeno de aborto inseguro impacta mucho más en poblaciones marginadas, como las mujeres jóvenes, poblaciones rurales e indígenas y en general las de menor acceso a servicios de salud e información.
A su vez, Velasco explicó que las jóvenes se embarazan a temprana edad porque no cuentan con educación sexual, padecen violencia de género que coarta el ejercicio de sus derechos reproductivos y no tienen acceso a métodos anticonceptivos.
Tasa de reincidencia de embarazos no deseados en el DF es de 1%: expertos
- 82% adopta métodos de planificación
Ángeles Cruz Martínez y Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 41
Los programas de interrupción legal del embarazo garantizan a las mujeres el acceso a servicios médicos de calidad, así como a métodos de planificación familiar que evitan la repetición de embarazos no deseados. Investigadores de diferentes organismos civiles, convocados por Population Council, presentaron los resultados de los trabajos que han realizado sobre la experiencia del Distrito Federal.
Mientras tanto, en Baja California, entidad gobernada por el PAN, 24 mujeres están en prisión bajo el cargo de homicidio agravado en razón de parentesco y se teme que en muchos de estos casos se trate de jóvenes que tuvieron abortos espontáneos, aseguraron integrantes de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
A cuatro años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, los especialistas han encontrado, por ejemplo, que la tasa de reincidencia de embarazos no deseados, de mujeres que ya se han practicado un aborto, es de uno por ciento, mientras en otros países donde tampoco se penaliza el aborto es de 10 a 14 por ciento.
Con ello se echan por tierra los argumentos que en su momento esgrimieron organizaciones conservadoras en contra de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, respecto de que las mujeres recurrirían masivamente a los hospitales para interrumpir sus embarazos.
Claudia Díaz, del Instituto Nacional de Salud Pública, detectó que luego de la interrupción legal del embarazo, 82 por ciento de las mujeres decidieron utilizar algún método de planificación familiar, lo cual es el doble de lo que se observa en otras naciones donde también se ha despenalizado el aborto.
Otros datos obtenidos a partir de las diversas investigaciones es que el promedio de edad de las personas con embarazos no deseados es de 25.4 años y la mayoría acuden a los servicios de salud en etapas tempranas de la gestación, alrededor de la semana siete. De acuerdo con la ley, la interrupción legal del embarazo se realiza antes de la semana 12.
Presas por posibles abortos espontáneos
En Baja California, a finales de 2008, el Congreso estatal modificó el artículo 7 de la Constitución del estado, referente a las garantías individuales, para proteger la vida desde la concepción. Así, las mujeres que por alguna circunstancia aborten podrían ser juzgadas; pero como estas reformas no se incluyeron en el Código Penal, se les está sentenciando desde la Constitución, que no penaliza.
En entrevista, Meritxell, Sarah y Psyche Calderón Vargas, integrantes de la Red, informaron que de las 24 mujeres encarceladas en la entidad por homicidio agravado en razón de parentesco, 14 ya fueron sentenciadas y 10 esperan sentencia.
Las activistas manifestaron su preocupación de que muchas de las detenidas por ese delito purguen penas por abortos involuntarios. Por ello, solicitaron al Congreso local un censo de las recluidas en el centro de readaptación social del estado para saber por qué ilícitos están en prisión y se revisen los expedientes para verificar que no se trate de abortos.
Este viernes, la Red y otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se manifestaran en la sede del gobierno de Baja California en la ciudad de México.
viernes, 18 de marzo de 2011
Telenovelas, instrumento importante para abatir rezago educativo: Lujambio
- El titular de la SEP entregó el Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011.
- Vamos en el camino correcto en el combate al analfabetismo, pero no a la velocidad deseada, afirma.
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 42
Las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo, aseguró el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien reconoció públicamente al productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, por ser un promotor de la educación al incluir en sus series televisivas dichos temas.
“Yo he dicho muchas veces en privado, y lo digo en público, que la televisión, que muchas veces se le llama la ‘caja tonta’, puede también ser la ‘caja más lista’, el instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas”, dijo ante los representantes de los medios de comunicación –incluidas Televisa y TV Azteca–, de empresas y de organizaciones e instituciones públicas que recibieron el Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011.
En el contexto del 30 aniversario del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Lujambio insistió en que los medios de comunicación son un instrumento importante en esta lucha contra el rezago educativo. Y Juan Osorio (quien fue uno de los que recibió reconocimiento) dentro de sus novelas promueve al INEA, qué instrumento más poderoso que ése, enfatizó el titular de la SEP.
En el acto, realizado en el patio de trabajo del edificio de la SEP, dijo que en el combate al analfabetismo y el rezago educativo, México va por el camino correcto, pero no a la velocidad que quisiéramos. Señaló que en los 10 años recientes la tasa de analfabetismo se redujo 2.6 por ciento, para ubicarse en 6.9 por ciento en 2010, según datos del pasado censo general de población. Falta mucho por hacer, agregó, pues el rezago se acumula con el tiempo.
El secretario de Educación insistió en que el gobierno federal avanza en el combate al analfabetismo. Prueba de ello es que en estas tres décadas el INEA ha cambiado la vida a 20.3 millones de personas mayores de 15 años que han aprendido a leer y escribir, concluir su primaria y/o secundaria, de los cuales 2.8 millones lo han logrado en este gobierno.
Explicó que en la actualidad sólo 1.9 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años son analfabetas, por lo que el mayor porcentaje de quienes no saber leer ni escribir se concentra entre las personas mayores de 29 años; esto representa un reto, porque muchas viven en zonas apartadas y dispersas en todo el territorio nacional, pero además enfrentan responsabilidades de vida adulta como mantener a la familia.
Estamos avanzando en la lucha contra el rezago educativo; son muchos años de rezago acumulado, es una tarea que requiere de persistencia, de terquedad, de años de esfuerzo, subrayó.
Por su parte, el director del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz, en entrevista posterior, reconoció que las personas en rezago educativo se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica y de adicciones, e incluso en riesgo de enrolarse en las filas del crimen organizado.
Señaló que la insuficiencia de recursos para este rubro impide avanzar más rápido en la lucha contra el rezago educativo. De hecho, dijo, si se incrementaran al doble los recursos actuales del instituto y disminuyeran los índices de deserción escolar –estimado en 600 mil educandos–, en unos 15 años podría resolverse el rezago educativo.
El INEA tiene más de 100 mil personas trabajando en sacar a mexicanos del rezago educativo; no tenemos hasta ahorita ninguna denuncia que refleje este riesgo y seguimos poniendo y promoviendo los candados para evitar ese tipo de riesgos, puntualizó.
La SEP entregó 27 reconocimientos por el compromiso en favor de la educación, entre las cuales estuvieron Televisa y TV Azteca, varios grupos radiofónicos, empresas como Wal-Mart e ICA Constructores, Infonavit e IMSS, así como periodistas y productores de televisión.
**************************************************************
Verdaderamente, sin comentarios.
miércoles, 9 de marzo de 2011
Operacion "Fast and furious" (E.U. Permitió entrada ilegal de armas a México)
Parte 1/3
Parte 2/3
Parte 3/3
Fuente: politicaypoliticosmx
********************************************************************
¿Y el "gobierno" Mexicano? meek and duteous? (¿manso y obediente?)
Parte 2/3
Parte 3/3
Fuente: politicaypoliticosmx
********************************************************************
¿Y el "gobierno" Mexicano? meek and duteous? (¿manso y obediente?)
miércoles, 2 de marzo de 2011
México en problemas: EEUU impondrá una "fuerza de tarea" en su territorio
Por: Zósimo Camacho
El plan de intervención militar de Estados Unidos en México. Durante la más reciente visita de Hillary Clinton a este país, la delegación estadunidense impuso al gobierno de Calderón más elementos de sus agencias de inteligencia y del Pentágono en territorio nacional; además, una “fuerza de tarea” de efectivos estadunidenses que “ayudará” en las zonas más conflictivas, revelan generales y coroneles en activo del ejército mexicano.
Uno de los militares, quien ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación” llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sigue es la intervención militar disfrazada de operativos binacionales
Coches bomba en ciudades mexicanas y declaraciones e “informes” en los que se afirma que el narcotráfico atenta contra la seguridad de todo el continente precedieron la más reciente visita de Hillary Clinton a México.
Vino a imponerle al gobierno de Felipe Calderón más agentes de inteligencia y una “fuerza de tarea” compuesta por efectivos estadunidenses, a decir de un grupo de generales y coroneles en activo del Ejército Mexicano, quienes solicitan “por el momento” que sus nombres no sean revelados por temor a represalias al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego de la visita, las declaraciones de funcionarios estadunidenses acerca de la “peligrosidad” del narcotráfico se multiplicaron y se advirtió que tropas de Estados Unidos podrían cruzar la frontera. El punto más álgido de las demandas ocurrió después del ataque a dos elementos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí. Uno murió.
Un general de división en activo, que actualmente ocupa un alto cargo en la Sedena, señala que muchos de los actos violentos en territorio nacional son inducidos para que la sociedad mexicana acepte la intervención. La propia Sección Segunda del Ejército, encargada de inteligencia militar, habría encontrado indicios de que la CIA realiza actividades de desestabilización en el país.
Las presiones de la delegación que visitó México el 24 de enero pasado -y que estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- fueron tan intensas que obligaron a Felipe Calderón a abrir un espacio en su agenda. Los funcionarios estadunidenses sólo se reunirían con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; pero el mismo día de la visita se anunció que Clinton y su comitiva también serían recibidas en Los Pinos.
“México no puede”, el pretexto
Clinton fue precedida por una serie de declaraciones de funcionarios estadunidenses en las que cuestionaban la solvencia de las instituciones mexicanas para enfrentar la “amenaza” del narcotráfico. El 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael G Mullen, había externado su “enorme preocupación” por la capacidad de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. En conferencia con la prensa extranjera acreditada en Washington, había dicho que “la severidad del problema” del narcotráfico se mide, “de manera trágica y triste”, por las miles de vidas que se han perdido (en México) en años recientes”, y que suman más de 35 mil.
El principal asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional entonces destacó que el gobierno de Barack Obama está interesado en seguir ayudando a la administración de Felipe Calderón. “Queremos hacer todo lo que podamos, reconociendo, tristemente, que esto va a tomar tiempo”.
Incluso, Mullen habló de lo que hasta ahora ha sido la participación de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico: “Por el lado militar, nosotros hemos estado involucrados principalmente en entrenar y dar apoyo. Hay aspectos de esta guerra contra las drogas que son muy similares al tipo de cosas que hemos visto en guerras en las que hemos estado involucrados”.
Una semana después, el 21 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró, sin ambages, que los cárteles del narcotráfico de México son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En conferencia de prensa, señaló: “No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”.
Además, describió a las bandas del narcotráfico como fuerzas que pueden desafiar a los Estados: “Estas organizaciones criminales internacionales poseen bienes, armas y personas que pueden ser un reto para cualquier fuerza de seguridad”.
A tres días de la llegada de Clinton a México, el Departamento de Estado mandó un mensaje claro: en la “guerra” que se libra en territorio mexicano, podrán participar otras naciones: “El nivel de violencia que han traído a México y otros sitios (los cárteles de la droga) es un reto que no es exclusivo para México y Estados Unidos. Ciertamente, debe ser parte de un diálogo de seguridad nacional”.
La pinza se cerró un día después: un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. En el lugar, murió el comandante del Grupo Tula de la Coordinación de Investigación de Hidalgo, Víctor Manuel Peña Pérez; quedaron destrozados completamente el carro que contenía el explosivo y un Jetta blanco en el que viajaban los policías. El clima previo a la llegada de Hillary Clinton parecía corroborar las declaraciones de los funcionarios estadunidenses.
La visita
Durante su visita, Clinton aseveró públicamente que México no tiene otra alternativa que seguir con la estrategia de Calderón. Lanzó elogios al “liderazgo” del presidente mexicano y dijo que las Fuerzas Armadas de este país han avanzado en el respeto a los derechos humanos.
Pero no dijo a lo que realmente vino, explican los militares y coroneles que buscaron a Contralínea desde mediados del año pasado para externar el malestar que existe entre un sector del Ejército Mexicano por lo que consideran una sumisión total del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Estados Unidos.
“Clinton vino a imponer más agentes de sus agencias que ya están funcionando en México”, es decir, la ICE, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. “Pero también vino a imponer una ‘fuerza de tarea’ compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que van a realizar operativos en territorio mexicano”.
A decir del grupo de militares, la “fuerza de tarea” estadunidense trabajaría de manera “conjunta” con las Fuerzas Armadas mexicanas y se desplazarían, como primer objetivo, por las ciudades fronterizas. Luego del “éxito” que obtendrían, se utilizarían en las “zonas más conflictivas” de México.
Estela de declaraciones... y violencia
Dejó Clinton el país, pero el discurso de que México sucumbirá al narcotráfico si no es “ayudado” por Estados Unidos se intensificó. El 27 de enero, el Congreso estadunidense publicó un informe en el que señala que su vecino del Sur se encuentra inmerso en una “crisis de seguridad sin precedentes”, que es posible que sea vencido por lo que llamó “terrorismo doméstico” y que el crimen organizado le disputa a las autoridades el monopolio del uso de la fuerza y de la ley. El informe, elaborado por el Congressional Research Service, también criticó la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas.
Pero el 8 de febrero un funcionario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo abiertamente que tropas de ese país podrían cruzar la frontera con México. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército estadunidense, advirtió sobre la posibilidad de que soldados estadunidenses fueran a combatir la “insurgencia” de los cárteles de la droga “sobre nuestra frontera o de tener que enviarlos a cruzar esa frontera”.
Horas más tarde, el funcionario trató de corregir sus declaraciones. Pero el mensaje se había dado. El servidor público estadunidense había dicho también que el narcotráfico podría instalarse en el poder en México si Estados Unidos no hacía algo para impedirlo.
Las presiones sobre México continuaron. Un día después, Janet Napolitano vinculó a Los Zetas con la organización terrorista Al Qaeda. La secretaria del Interior del gobierno de Barack Obama declaró, en una audiencia del Congreso estadunidense, que el grupo que encabeza Osama bin Laden podría usar las redes de los narcotraficantes mexicanos para atacar Estados Unidos. Luego dijo que no hablaría más del tema en una audiencia abierta y que podría hacerlo sólo en sesiones a puerta cerrada.
El 10 de febrero, fue el turno del jefe de la Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. Señaló que la violencia que se produce en México atenta de tal manera contra la seguridad de Estados Unidos que “recientemente hemos elevado todo este tema a la categoría uno, la cual es la más alta”.
Clapper dio al traste con los argumentos de quienes veían imposible una intervención militar en México porque Estados Unidos tenía “otras prioridades”.
Clapper definitivamente descartó que las fuerzas mexicanas puedan controlar el problema del narcotráfico. “Las capacidades militares y policiales [de México] en conjunto permanecen inadecuadas para romper las organizaciones traficantes y contener la violencia criminal”, dijo.
Las presiones públicas y privadas que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Calderón se han agudizado con el ataque del 15 de febrero a dos “agentes especiales” de la ICE en San Luis Potosí. El policía Jaime Zapata murió. Su compañero Víctor Ávila fue gravemente herido.
La posición oficial de Estados Unidos ante el hecho no se hizo esperar. Janet Napolitano advirtió: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de la ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquéllos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad. La totalidad de los recursos de nuestro departamento está a disposición de nuestros socios mexicanos en esta investigación. Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras”.
Un día después, agentes de la FBI ya estaban en San Luis Potosí investigando los hechos. De acuerdo con una nota de María Guadalupe González, publicada en el diario La Jornada el 17 de febrero pasado, a la entidad llegaron funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, “así como un grupo de tarea comandado por la FBI”.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que su gobierno atraparía a los culpables. El día 16 se comunicó con la familia del agente asesinado para expresarle sus condolencias; pero también les garantizó que su gobierno llevará ante la justicia a los responsables, de acuerdo con Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca.
Los militares reafirman lo declarado a Contralínea el año pasado, publicado en la edición 209 del 21 de noviembre de 2010: existe un plan injerencista llevado a cabo por Estados Unidos y al que se ha sometido el gobierno de Felipe Calderón. Gran parte de la violencia es provocada para que las instituciones castrenses y la sociedad mexicana acepten no sólo que agentes estadunidenses trabajen en México, sino que, incluso, efectivos militares ingresen a “combatir” a los cárteles de la droga.
El grupo de militares y coroneles, entre los que se encuentran algunos adscritos a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia), señala que punto por punto se ha cumplido ese plan ante la pasividad de las autoridades mexicanas. Señala que la violencia inducida puede incrementarse para que el país esté en la situación de aceptar la “ayuda” venga de donde venga.
Tomado de: http://contralinea.info
El plan de intervención militar de Estados Unidos en México. Durante la más reciente visita de Hillary Clinton a este país, la delegación estadunidense impuso al gobierno de Calderón más elementos de sus agencias de inteligencia y del Pentágono en territorio nacional; además, una “fuerza de tarea” de efectivos estadunidenses que “ayudará” en las zonas más conflictivas, revelan generales y coroneles en activo del ejército mexicano.
Uno de los militares, quien ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación” llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sigue es la intervención militar disfrazada de operativos binacionales
Coches bomba en ciudades mexicanas y declaraciones e “informes” en los que se afirma que el narcotráfico atenta contra la seguridad de todo el continente precedieron la más reciente visita de Hillary Clinton a México.
Vino a imponerle al gobierno de Felipe Calderón más agentes de inteligencia y una “fuerza de tarea” compuesta por efectivos estadunidenses, a decir de un grupo de generales y coroneles en activo del Ejército Mexicano, quienes solicitan “por el momento” que sus nombres no sean revelados por temor a represalias al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego de la visita, las declaraciones de funcionarios estadunidenses acerca de la “peligrosidad” del narcotráfico se multiplicaron y se advirtió que tropas de Estados Unidos podrían cruzar la frontera. El punto más álgido de las demandas ocurrió después del ataque a dos elementos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí. Uno murió.
Un general de división en activo, que actualmente ocupa un alto cargo en la Sedena, señala que muchos de los actos violentos en territorio nacional son inducidos para que la sociedad mexicana acepte la intervención. La propia Sección Segunda del Ejército, encargada de inteligencia militar, habría encontrado indicios de que la CIA realiza actividades de desestabilización en el país.
Las presiones de la delegación que visitó México el 24 de enero pasado -y que estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- fueron tan intensas que obligaron a Felipe Calderón a abrir un espacio en su agenda. Los funcionarios estadunidenses sólo se reunirían con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; pero el mismo día de la visita se anunció que Clinton y su comitiva también serían recibidas en Los Pinos.
“México no puede”, el pretexto
Clinton fue precedida por una serie de declaraciones de funcionarios estadunidenses en las que cuestionaban la solvencia de las instituciones mexicanas para enfrentar la “amenaza” del narcotráfico. El 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael G Mullen, había externado su “enorme preocupación” por la capacidad de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. En conferencia con la prensa extranjera acreditada en Washington, había dicho que “la severidad del problema” del narcotráfico se mide, “de manera trágica y triste”, por las miles de vidas que se han perdido (en México) en años recientes”, y que suman más de 35 mil.
El principal asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional entonces destacó que el gobierno de Barack Obama está interesado en seguir ayudando a la administración de Felipe Calderón. “Queremos hacer todo lo que podamos, reconociendo, tristemente, que esto va a tomar tiempo”.
Incluso, Mullen habló de lo que hasta ahora ha sido la participación de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico: “Por el lado militar, nosotros hemos estado involucrados principalmente en entrenar y dar apoyo. Hay aspectos de esta guerra contra las drogas que son muy similares al tipo de cosas que hemos visto en guerras en las que hemos estado involucrados”.
Una semana después, el 21 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró, sin ambages, que los cárteles del narcotráfico de México son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En conferencia de prensa, señaló: “No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”.
Además, describió a las bandas del narcotráfico como fuerzas que pueden desafiar a los Estados: “Estas organizaciones criminales internacionales poseen bienes, armas y personas que pueden ser un reto para cualquier fuerza de seguridad”.
A tres días de la llegada de Clinton a México, el Departamento de Estado mandó un mensaje claro: en la “guerra” que se libra en territorio mexicano, podrán participar otras naciones: “El nivel de violencia que han traído a México y otros sitios (los cárteles de la droga) es un reto que no es exclusivo para México y Estados Unidos. Ciertamente, debe ser parte de un diálogo de seguridad nacional”.
La pinza se cerró un día después: un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. En el lugar, murió el comandante del Grupo Tula de la Coordinación de Investigación de Hidalgo, Víctor Manuel Peña Pérez; quedaron destrozados completamente el carro que contenía el explosivo y un Jetta blanco en el que viajaban los policías. El clima previo a la llegada de Hillary Clinton parecía corroborar las declaraciones de los funcionarios estadunidenses.
La visita
Durante su visita, Clinton aseveró públicamente que México no tiene otra alternativa que seguir con la estrategia de Calderón. Lanzó elogios al “liderazgo” del presidente mexicano y dijo que las Fuerzas Armadas de este país han avanzado en el respeto a los derechos humanos.
Pero no dijo a lo que realmente vino, explican los militares y coroneles que buscaron a Contralínea desde mediados del año pasado para externar el malestar que existe entre un sector del Ejército Mexicano por lo que consideran una sumisión total del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Estados Unidos.
“Clinton vino a imponer más agentes de sus agencias que ya están funcionando en México”, es decir, la ICE, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. “Pero también vino a imponer una ‘fuerza de tarea’ compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que van a realizar operativos en territorio mexicano”.
A decir del grupo de militares, la “fuerza de tarea” estadunidense trabajaría de manera “conjunta” con las Fuerzas Armadas mexicanas y se desplazarían, como primer objetivo, por las ciudades fronterizas. Luego del “éxito” que obtendrían, se utilizarían en las “zonas más conflictivas” de México.
Estela de declaraciones... y violencia
Dejó Clinton el país, pero el discurso de que México sucumbirá al narcotráfico si no es “ayudado” por Estados Unidos se intensificó. El 27 de enero, el Congreso estadunidense publicó un informe en el que señala que su vecino del Sur se encuentra inmerso en una “crisis de seguridad sin precedentes”, que es posible que sea vencido por lo que llamó “terrorismo doméstico” y que el crimen organizado le disputa a las autoridades el monopolio del uso de la fuerza y de la ley. El informe, elaborado por el Congressional Research Service, también criticó la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas.
Pero el 8 de febrero un funcionario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo abiertamente que tropas de ese país podrían cruzar la frontera con México. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército estadunidense, advirtió sobre la posibilidad de que soldados estadunidenses fueran a combatir la “insurgencia” de los cárteles de la droga “sobre nuestra frontera o de tener que enviarlos a cruzar esa frontera”.
Horas más tarde, el funcionario trató de corregir sus declaraciones. Pero el mensaje se había dado. El servidor público estadunidense había dicho también que el narcotráfico podría instalarse en el poder en México si Estados Unidos no hacía algo para impedirlo.
Las presiones sobre México continuaron. Un día después, Janet Napolitano vinculó a Los Zetas con la organización terrorista Al Qaeda. La secretaria del Interior del gobierno de Barack Obama declaró, en una audiencia del Congreso estadunidense, que el grupo que encabeza Osama bin Laden podría usar las redes de los narcotraficantes mexicanos para atacar Estados Unidos. Luego dijo que no hablaría más del tema en una audiencia abierta y que podría hacerlo sólo en sesiones a puerta cerrada.
El 10 de febrero, fue el turno del jefe de la Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. Señaló que la violencia que se produce en México atenta de tal manera contra la seguridad de Estados Unidos que “recientemente hemos elevado todo este tema a la categoría uno, la cual es la más alta”.
Clapper dio al traste con los argumentos de quienes veían imposible una intervención militar en México porque Estados Unidos tenía “otras prioridades”.
Clapper definitivamente descartó que las fuerzas mexicanas puedan controlar el problema del narcotráfico. “Las capacidades militares y policiales [de México] en conjunto permanecen inadecuadas para romper las organizaciones traficantes y contener la violencia criminal”, dijo.
Las presiones públicas y privadas que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Calderón se han agudizado con el ataque del 15 de febrero a dos “agentes especiales” de la ICE en San Luis Potosí. El policía Jaime Zapata murió. Su compañero Víctor Ávila fue gravemente herido.
La posición oficial de Estados Unidos ante el hecho no se hizo esperar. Janet Napolitano advirtió: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de la ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquéllos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad. La totalidad de los recursos de nuestro departamento está a disposición de nuestros socios mexicanos en esta investigación. Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras”.
Un día después, agentes de la FBI ya estaban en San Luis Potosí investigando los hechos. De acuerdo con una nota de María Guadalupe González, publicada en el diario La Jornada el 17 de febrero pasado, a la entidad llegaron funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, “así como un grupo de tarea comandado por la FBI”.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que su gobierno atraparía a los culpables. El día 16 se comunicó con la familia del agente asesinado para expresarle sus condolencias; pero también les garantizó que su gobierno llevará ante la justicia a los responsables, de acuerdo con Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca.
Los militares reafirman lo declarado a Contralínea el año pasado, publicado en la edición 209 del 21 de noviembre de 2010: existe un plan injerencista llevado a cabo por Estados Unidos y al que se ha sometido el gobierno de Felipe Calderón. Gran parte de la violencia es provocada para que las instituciones castrenses y la sociedad mexicana acepten no sólo que agentes estadunidenses trabajen en México, sino que, incluso, efectivos militares ingresen a “combatir” a los cárteles de la droga.
El grupo de militares y coroneles, entre los que se encuentran algunos adscritos a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia), señala que punto por punto se ha cumplido ese plan ante la pasividad de las autoridades mexicanas. Señala que la violencia inducida puede incrementarse para que el país esté en la situación de aceptar la “ayuda” venga de donde venga.
Tomado de: http://contralinea.info
Protestan en España por feminicidios en México
Alejandro Gutiérrez
MADRID, 2 de marzo (apro).- Un grupo del sindicato español Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy una protesta frente a la embajada mexicana en esta capital, y entregó una carta dirigida al embajador Jorge Zermeño, en la que exige justicia para todas las mujeres asesinadas en México y que se deslinden responsabilidades.
El secretario general de dicha confederación, Jacinto Ceacero, dijo que la concentración pretende denunciar en España lo que sucede en México, “donde impunemente se registran tantas desapariciones y homicidios de mujeres, por solo el hecho de ser mujeres”.
En entrevista con Apro, Ceacero mostró la preocupación de su organización por la ola de violencia en contra de las defensoras de los derechos humanos en Ciudad Juárez, algunas asesinadas y otras que se han visto obligadas a abandonar esa frontera.
“El gobierno tiene la obligación de investigar con prontitud y con seriedad pasando por cualquier grupo que pudiera estar implicado, ya sea mafioso o narco”, señaló.
En su opinión, hasta el momento al gobierno mexicano le ha faltado “legitimidad” para aplicar el estado de derecho; “muestra que tiene poco interés”, añadió.
En ambos casos, el de las mujeres asesinadas y de las activistas amenazadas, “el gobierno tiene que deslindar responsabilidades, porque existe un alto grado de impunidad”, acusó.
Consideró que el pueblo mexicano no se merece que existan “tantos espacios y lugares opacos, sitios donde no llega la administración pública para que se respeten los derechos humanos y la justicia social impere”.
Asistimos a “un proceso de degradación absoluta en México, y por desgracia en estos procesos los que más sufren son las clases más desprotegidas, en especial las mujeres”, dijo el sindicalista.
Asimismo, se pronunció porque el gobierno español modifique su posición benevolente frente al gobierno de México, para mantener una relación en tanto se respeten los derechos humanos en el país americano.
En este sentido, criticó que el gobierno español solo “juegue del lado de los beneficios de las grandes multinacionales españolas” con presencia en México, lo que le impide “acometer con rigor la toma de medidas serias con un gobierno (México) que es incapaz de afrontar con legitimidad la defensa de los derechos”.
“Por eso creo que tendría que haber mucha más contundencia por parte del gobierno español en defensa de los derechos y en mantener relaciones en la medida que se respeten esos derechos, es lo que echamos de menos”, aseguró.
La carta entregada a la legación diplomática hace referencia a la resolución del 10 de diciembre de 2009 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el homicidio de tres jóvenes encontradas en el llamado campo algodonero.
Una comitiva de la CGT, encabezada por la secretaria de la Mujer, Isabel Pérez Ortega entregó la carta al asesor político y de comunicación del embajador Zermeño, Bernardo Graue, quien se comprometió a que tendrían una respuesta oportuna.
Tomado de: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88731
MADRID, 2 de marzo (apro).- Un grupo del sindicato español Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy una protesta frente a la embajada mexicana en esta capital, y entregó una carta dirigida al embajador Jorge Zermeño, en la que exige justicia para todas las mujeres asesinadas en México y que se deslinden responsabilidades.
El secretario general de dicha confederación, Jacinto Ceacero, dijo que la concentración pretende denunciar en España lo que sucede en México, “donde impunemente se registran tantas desapariciones y homicidios de mujeres, por solo el hecho de ser mujeres”.
En entrevista con Apro, Ceacero mostró la preocupación de su organización por la ola de violencia en contra de las defensoras de los derechos humanos en Ciudad Juárez, algunas asesinadas y otras que se han visto obligadas a abandonar esa frontera.
“El gobierno tiene la obligación de investigar con prontitud y con seriedad pasando por cualquier grupo que pudiera estar implicado, ya sea mafioso o narco”, señaló.
En su opinión, hasta el momento al gobierno mexicano le ha faltado “legitimidad” para aplicar el estado de derecho; “muestra que tiene poco interés”, añadió.
En ambos casos, el de las mujeres asesinadas y de las activistas amenazadas, “el gobierno tiene que deslindar responsabilidades, porque existe un alto grado de impunidad”, acusó.
Consideró que el pueblo mexicano no se merece que existan “tantos espacios y lugares opacos, sitios donde no llega la administración pública para que se respeten los derechos humanos y la justicia social impere”.
Asistimos a “un proceso de degradación absoluta en México, y por desgracia en estos procesos los que más sufren son las clases más desprotegidas, en especial las mujeres”, dijo el sindicalista.
Asimismo, se pronunció porque el gobierno español modifique su posición benevolente frente al gobierno de México, para mantener una relación en tanto se respeten los derechos humanos en el país americano.
En este sentido, criticó que el gobierno español solo “juegue del lado de los beneficios de las grandes multinacionales españolas” con presencia en México, lo que le impide “acometer con rigor la toma de medidas serias con un gobierno (México) que es incapaz de afrontar con legitimidad la defensa de los derechos”.
“Por eso creo que tendría que haber mucha más contundencia por parte del gobierno español en defensa de los derechos y en mantener relaciones en la medida que se respeten esos derechos, es lo que echamos de menos”, aseguró.
La carta entregada a la legación diplomática hace referencia a la resolución del 10 de diciembre de 2009 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el homicidio de tres jóvenes encontradas en el llamado campo algodonero.
Una comitiva de la CGT, encabezada por la secretaria de la Mujer, Isabel Pérez Ortega entregó la carta al asesor político y de comunicación del embajador Zermeño, Bernardo Graue, quien se comprometió a que tendrían una respuesta oportuna.
Tomado de: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88731
Sara Salazar, la Foto de la Ira
Jenaro Villamil
No habrá honores oficiales para los 4 hijos, el nieto y la nuera de doña Sara Salazar asesinados en Ciudad Juárez en menos de tres años. Tampoco ninguna palabra de aliento o de condolencia del primer mandatario Felipe Calderón. Mucho menos coberturas especiales en las dos grandes televisoras como lo hacen cuando se trata de armar linchamientos para ganar rating. El PRD ni siquiera se ha dado por enterado que esta familia de activistas insumisos pertenecía al partido que se desgarra por los restos que dejan los Chuchos a su paso.
Sin embargo, a pesar de la indolencia gubernamental y partidista, quedará grabada para siempre la foto de la agencia Reuters tomada durante el funeral del pasado sábado 26 de febrero como símbolo imborrable del dolor, la ira y la indignación que rodean a los juarenses y a la familia Reyes Salazar. Esa imagen sintetiza la tragedia, por un lado, y la resistencia que se han enraizado en Ciudad Juárez.
En esta instantánea que recorrió el mundo, se observa a doña Sara Salazar viuda de Reyes con los brazos extendidos. Tiene los ojos cubiertos por unos lentes oscuros. Su pelo blanco ondea en el aire. Un grito de dolor es ahogado con el trasfondo de un cielo gris, tan gris como el desierto de la frontera. Tres féretros coronan la tragedia de esta familia que en los últimos cinco años perdió a cinco de sus integrantes, pero no ha dejado de denunciar los abusos cometidos durante los operativos militares.
Otras fotos ilustran que más de 500 efectivos militares custodiaron el sepelio, pero ninguno de ellos ayudó a cavar la fosa. ¿A quiénes protegían realmente estos soldados: a la institución involucrada en las denuncias o a la familia que ha resistido todo tipo de amenazas y crímenes, incluyendo el incendio de sus propiedades y la eliminación selectiva, al estilo de una guerra sucia?
Tan sólo Josefina Reyes Salazar, ejecutada el 3 de enero de 2010, documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal de las fuerzas armadas en contra de la población juarense en los últimos dos años. Su hermano Rubén padeció la persecución y el allanamiento de su casa, antes de ser asesinado, y su hijo Julio César Reyes, ultimado en noviembre de 2008, también acompañó en la organización de las denuncias.
El 7 de febrero de este año, en el nuevo gobierno de viejas impunidades encabezado por el priista César Duarte, desaparecieron Malena y Elías Reyes Salazar, al igual que su esposa Luisa Ornelas. En protesta, doña Sara Salazar inició el 9 de febrero una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, a pesar de su edad avanzada y del agudo deterioro de su salud. Acompañada de su hija Marisela Reyes, quien ha tomado la estafeta del activismo de la familia.
Marisela no se anduvo con eufemismos cuando le informaron que sus parientes habían sido asesinados, al igual que Josefina, Rubén y Julio César: exigió que el gobierno de Calderón “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”.
Esas palabras nunca fueron transmitidas en Canal 2 ni en Canal 13. Se ocultaron en las crónicas de los medios impresos, pero reverberaron con una fuerza inusitada en los medios internacionales y en las redes sociales.
Cinco países les han ofrecido asilo a los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar: Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Venezuela. Doña Sara Salazar analiza irse a España, pero antes continuará el plantón que inició hace casi un mes para denunciar la impunidad, la guerra de odio que se ha desatado contra los activistas en Juárez.
Este sábado 5 de marzo, ellos se convertirán en el eje de una marcha de protesta e indignación que nunca encuentra tranquilidad en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el epicentro de los feminicidios impunes dese 1993, el sitio de tránsito entre las drogas, la maquila y las armas, la plaza disputada por los cárteles más violentos que desafían día con día la ineficaz guerra desatada por el gobierno federal y también el sitio desde donde se construyen los expedientes de abusos militares y policiacos que le costarán al calderonismo su pase a la historia de la infamia.
Tomado de: http://homozapping.com.mx/2011/03/sara-salazar-la-foto-de-la-ira
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
