miércoles, 16 de febrero de 2011

Crisis económica y educación superior en Gran Bretaña: ¿Ecos de América Latina?

Elizabeth Pallister




a discusión abierta con la toma de posesión del nuevo gobierno respecto al déficit fiscal y la formidable deuda que soporta la economía británica puso en el centro de la atención pública el problema de la educación superior. Al igual que en otros países europeos –Grecia, España, y en menor medida Francia–, la crisis económica está sirviendo como justificación de recortes en la inversión y el gasto público en áreas sensibles para los ciudadanos. Aunque en este caso podría decirse que el contexto es el de una crisis económica mundial, las medidas y reacciones de estos países son reminiscentes de la crisis económica que los países atinoamericanos enfrentaron en los años 80 y traen también a la memoria su impacto sobre la educación superior en la región. ¿Es ahora el turno de los países desarrollados? En el caso de Gran Bretaña, el déficit fiscal acumulado en los últimos años ha forzado al nuevo gobierno de coalición –formado por el partido conservador y los demócratas liberales– a programar ajustes radicales con el objeto de sanear las finanzas y ahorrar por lo menos seis billones de libras esterlinas a corto plazo. De continuar con la analogía antes referida, no sorprenderá que las áreas señaladas para los recortes sean educación, salud y programas sociales. ¿Cuáles son las consecuencias y las reacciones a estas medidas?

A unas pocas semanas de haber tomado posesión el nuevo gobierno, sus medidas de austeridad ya han producido los primeros efectos: cancelación de nuevas contrataciones y extensión de contratos ya existentes en oficinas administrativas de gobierno y de las fuerzas de seguridad pública, suspensión de proyectos industriales con un efecto inmediato en las tasas de desempleo y reducciones drásticas en los pagos de seguridad social. En este contexto, la forma de financiar la educación superior y las numerosas preguntas a que ello da pie confieren a ésta un lugar importante en el programa del actual gobierno; y no porque la educación superior sea importante y apreciada per se o por los beneficios que reditúa a la sociedad, sino por los ahorros y cambios significativos que se pueden realizar en el sector, orientándolo aún más hacia prácticas de mercado.

“Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”.

En realidad, la coalición gobernante está acelerando y definiendo un proceso que ya se venía gestando desde antes; sugiriendo con ello cierta continuidad con el precedente gobierno, aunque también introduciendo novedades importantes, en particular en relación con las universidades. El actual sistema de financiamiento de las universidades fue introducido por el anterior gobierno laborista en 2004. Un sistema que incluye modalidades diferentes para los tres países que conforman Gran Bretaña. En Inglaterra y Gales, si bien los estudios continúan subsidiados en gran parte por el gobierno, los estudiantes pagan colegiaturas. La colegiatura anual –incluyendo las universidades de Oxford y Cambridge– es de 3,290 libras esterlinas para estudiantes nacionales. En Escocia los estudiantes de ese país continúan beneficiándose de una educación superior completamente gratuita. Puede decirse, entonces, que la mayoría de las universidades británicas son hoy financiadas mayormente por el Estado, con ingresos adicionales derivados de las colegiaturas que pagan los estudiantes y de los contratos de servicios que las instituciones celebran con el sector privado. Sólo existe una universidad que depende totalmente de fondos de origen privado: la Universidad de Buckingham, cuya colegiatura para el nivel de licenciatura es de 8,940 libras esterlinas, aproximadamente.

La decisión de cobrar colegiaturas estuvo precedida por un fuerte debate –ya familiar para muchos en diversas partes del mundo–, en torno a quién se beneficia de la educación superior. El argumento más enunciado fue que, dado que son los estudiantes quienes se benefician más directamente al aumentar sus posibilidades de obtener mejores empleos y salarios una vez graduados, deberían ser ellos quienes cubrieran los costos de su educación, y no la mayoría de los contribuyentes, muchos de los cuales muy probablemente nunca accederían a la universidad. Las colegiaturas se fijaron en un nivel que, se sabía, no cubriría completamente los costos de la enseñanza; la idea era que las cuotas se consideraran una aportación, una colaboración del estudiante, aun cuando los montos ya eran significativos. Junto con las colegiaturas se introdujo un sistema de préstamos con el propósito de apoyar a los estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos más bajos. Tres son las características más importantes de estos préstamos: tienen una tasa de interés inferior a la de los bancos comerciales, no requieren la presentación de un aval y sólo se pagan cuando el estudiante termina la licenciatura, encuentra un empleo y obtiene un salario superior a un piso determinado (que actualmente es de 15,000 libras esterlinas al año). Los préstamos cubren la totalidad de las colegiaturas y la manutención del estudiante, y no dependen de los ingresos de su familia.

La introducción de este sistema ha sido duramente criticada a raíz de que algunas investigaciones han encontrado que los estudiantes acumulan una deuda enorme durante el curso de sus estudios que, si bien no deben pagar inmediatamente, sí deben pagar algún día. Por otro lado, se ha advertido que los jóvenes de nivel socioeconómico bajo –quienes tal vez se beneficiarían más de una educación universitaria– prefieren no inscribirse con tal de no adquirir una deuda, y optan por ingresar más tempranamente al mercado de trabajo en busca de un salario, aunque sea reducido. Se ha observado, igualmente, que son fundamentalmente los estudiantes provenientes de las clases medias quienes perciben a la educación superior como una inversión a futuro por lo que no rechazan la idea de recurrir a un préstamo para su financiamiento. Si bien la política del gobierno laborista fue incrementar el número de estudiantes en educación superior y atraer estudiantes de niveles socioeconómicos bajos o relativamente bajos, la introducción de las colegiaturas, aun con el apoyo de los préstamos, resultó visiblemente contradictoria, sobre todo si se considera que su costo en las universidades aumentó casi 300% entre 2006 y 2009-2010. Estas medidas generaron oposición en algunos sectores estudiantiles y académicos. El gobierno no sólo se mantuvo firme en su posición sino que proyectó mayores recortes al presupuesto de las universidades. Un nuevo incremento que habría implicado que las colegiaturas multiplicaran su costo casi seis veces desde su introducción, quedó en suspenso debido a la decisión del gobierno de convocar a elecciones generales.

En noviembre de 2009, el gobierno laborista ordenó la elaboración de un reporte sobre el estado de las universidades en Inglaterra. Lord Browne, quien por varios años fuera director de la compañía petrolera BP, está a cargo del grupo que busca un futuro viable para la educación superior en el país y deberá reportar sus averiguaciones en octubre de este año, ya bajo el gobierno de la coalición. Entre los asuntos a los que Lord Browne deberá hallar solución se encuentra el posible incremento de las colegiaturas y una revisión al sistema de préstamos, cuestiones con las que el actual gobierno aspira a reducir aún más el presupuesto gubernamental.

¿Cuál es la postura de la coalición conservadora / demócrata liberal respecto a las universidades? El 22 de mayo pasado dispuso, como primera medida, que el grupo coordinado por Lord Browne continuara trabajando. Sin embargo, dado que el partido conservador tiene la mayoría en el gobierno, es posible que se replantee el papel que la educación superior tiene en la sociedad británica y se apueste por una que esté más estrechamente ligada a los intereses del mercado.

De acuerdo con reportes recientes publicados in The Times Higher Education (11 de junio de 2010), el gobierno cerró la secretaría que se encargaba de las universidades y la remplazó por un “súper ministerio” encargado de negocios, capacitación y economía. De acuerdo con esa publicación, las universidades serían vistas ahora como una rama del sector privado, buscando establecer una relación mucho más estrecha con la industria. La misma fuente informa que la principal asociación de académicos, maestros universitarios e investigadores del país reaccionó negativamente ante esta iniciativa señalando que “…es muy preocupante que la educación superior no sea considerada lo suficientemente importante como para tener su propio departamento de gobierno”. Sally Hunt, secretaria general de la asociación, declaró: “…el hecho de que el gobierno fusione la educación superior con el sector de negocios es una clara indicación de cómo el gobierno mira a los institutos de educación superior y universidades en este país”. Y agregó: “La educación tiene el poder de cambiar la vida a la gente, si tomamos en serio el importante papel que ésta puede jugar para sacarnos de la recesión, necesitamos que expertos en educación estén a cargo, no intereses de negocios”. En el mismo sentido se manifestó Alice Haynes, directora de una asociación que agrupa a rectores de universidades del Reino Unido: “Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”. Por su parte, el encargado del nuevo “súper ministerio” declaró: “…es correcto que pongamos a la educación superior y a la ciencia bajo el mismo techo que los negocios, porque un nuevo mundo está surgiendo, nos encontramos al borde de una nueva revolución industrial impulsada por nuevas tecnologías…” y la competitividad del país depende de investigación básica y aplicada.

Lo anterior sugiere que la crisis económica por la que actualmente atraviesan los países europeos tendrá un impacto en la educación superior que la orientará más hacia una concepción técnica ajustada a la lógica del mercado. Cabe por tanto preguntar, dado que la presente crisis ha sido atribuida a la falta de control de los mercados financieros: ¿será ésta la decisión más acertada?, ¿Cuáles son las lecciones que la experiencia latinoamericana puede trasmitir a los países europeos pensando que ha sido, precisamente, la introducción de lógicas mercantilistas en la vida de muchas de sus universidades lo que ha puesto en riesgo su pertinencia social y cultural? Al parecer, Gran Bretaña vuelve a andar un camino ya recorrido en el que las ideas a favor del mercado reaparecen una y otra vez.

Elizabeth Pallister es académica de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.

elizabeth.pallister@ncl.ac.uk

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